Pasada una década de ejercicio del poder por parte del lulopetismo,
conviene hacer un balance de ese período, a fin de sacar algunas conclusiones a
la luz de lo que los angloamericanos llaman “la prueba de la historia”.
El Partido de los Trabajadores llegó al poder con dos cartas de navegación.
Una, simulada y provisional, elaborada rápidamente por recomendación de los
marqueteros políticos de Lula y que fue publicada con el título: “Carta ao povo
brasileiro”, o simplemente: “Carta do Recife”, de finales de 2002. Otra, datada
en el final del primer semestre de 2002 y denominada “Carta de Olinda”, elaborada
en los laboratorios de la dirección del Partido de los Trabajadores bajo la
orientación de José Dirceu, que se convertiría poco después en el todopoderoso
ministro “Da Casa Civil” del gobierno Lula. En ella, los petistas dejaban claro
el tipo de gestión pública que pretendían poner en práctica.
En la “Carta ao povo brasileiro”, elaborada por los asesores de marketing electoral
de Lula, se destacaba que el candidato petista, en el caso de que fuera elegido
Presidente de la República, honraría los
contratos internacionales firmados por el Brasil, mantendría el régimen democrático de
libertades y de tripartición de poderes, respetando la Constitución vigente, la
rotatividad del poder entre los partidos, así como la economía de mercado,
junto con los marcos de política macroeconómica fijados en el “Plano Real” e
implementados en los dos gobiernos social-democráticos de Fernando Henrique
Cardoso. Se respetarían los tratados internacionales y la gestión democrática
de la política exterior administrada por el Itamaraty, siguiendo la tradición
de la convivencia pacífica del Brasil con las demás naciones. La clase media
fue conquistada por la “Carta ao povo brasileiro”. Contrariamente a lo sucedido
en elecciones anteriores[1],
aquella le dio decisivo apoyo al candidato Lula. Siempre lo consideré un
populista por naturaleza, dispuesto a lo que fuera necesario para conquistar el
poder. Lula, antes de llegar a la Presidencia de la República, siempre dio
claras muestras de su desprecio hacia las instituciones republicanas. Apellidó
al Congreso con el mote de “300 pícaros” (a pesar de que era parte del
Legislativo, como diputado federal del PT). En calidad de tal, no quiso firmar
la Constitución de 1988 que sacramentó el regreso de la democracia y les abrió
las puertas de las elecciones a los exiliados del régimen militar. Tampoco
quiso apoyar el “Plano Real” elaborado
por Fernando Henrique Cardoso, ministro de Economía del gobierno de Itamar
Franco, que le puso fin a la inflación desenfrenada. Pero las elecciones, en el
mundo de hoy, se conquistan gracias al trabajo de los marqueteros,
especialmente en los países emergentes que carecen de una continuada tradición liberal,
como es el caso del Brasil.
Ya en la carta de navegación elaborada en los laboratorios petistas bajo la
orientación de “Zé” Dirceu, la realidad tenía otros tintes. Lo que los petistas
buscaban, en primer lugar, era, en el terreno económico, instaurar un sistema
productivo centrado en la intervención directa del Estado como empresario[2],
que escogería, mediante cooptación, a los industriales y emprendedores que
deberían ser los “campeões de bilheteria”, o sea, los bien sucedidos[3].
Este modelo cooptativo, que ya había sido puesto en marcha en otros ciclos del
patrimonialismo brasileiro (durante el Imperio, en el siglo XIX y a lo largo de
los momentos modernizadores de la historia republicana del siglo XX, por
Getúlio Vargas y los militares), fue adoptado por los petistas. El mecanismo
institucional que haría posible financiar a los empresarios cooptados sería
(como durante el ciclo getuliano, los gobiernos de Juscelino Kubitschek y el período
militar), el “Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social”, BNDS. Las
empresas estatales, controladas por los ejecutivos petistas, le permitirían al
Partido de los Trabajadores irrigar su caja con generosos dineros desviados de
los lucros de éstas.[4] Se
retornaría a la nacionalización de empresas lucrativas como la “Vale do Rio
Doce” (que había sido privatizada por Fernando Henrique Cardoso) y de otras
empresas del área de minería. Se le daría un cariz más político que técnico a
una próspera estatal como la Petrobrás, que bajo la gestión de los gobiernos de
Fernando Henrique Cardoso se había abierto a los capitales privados,
consiguiendo fortalecerse para acelerar la explotación de hidrocarburos,
buscando la autosuficiencia brasileña en ese sector. Lo que en el fondo
inspiraba a este movimiento de los petistas era el llamado eufemísticamente
“capitalismo de Estado” (que en realidad no es más que el refuerzo al Patrimonialismo).
Decían los petistas inspirarse en las prácticas económicas de China, cuyos
índices de crecimiento se habían acelerado significativamente en las últimas
décadas. Dentro de ese esquema, el PT estaba llamado a tornarse un Partido
hegemónico, constituyéndose, bajo la inspiración de la filosofía gramsciana,
como “el nuevo príncipe” de la política brasileña.
Ya desde el primer gobierno de Lula (y al amparo de la “Carta de Olinda”) los
llamados “Movimientos Sociales”, como el MST
(Movimiento de los Trabajadores sin Tierra), por ejemplo, fueron
contemplados con generosas dádivas presupuestales, para que ayudaran a efectuar
los cambios pretendidos. Se le dió significativa cuota política a la Iglesia
Católica progresista, permitiendo que la “Confederação Nacional dos Bispos do
Brasil” (CNBB), a través de la “Pastoral da Terra” y del “Conselho Indigenista
Missionário” (CIMI) indicara ministros y funcionarios para las sensibles áreas
de la Reforma Agraria y de las políticas sociales. Se desarrolló agresiva
política de demarcación de tierras indígenas (como ocurrió en Roraima con el
área denominada “Raposa Serra do Sol”), a fin de extinguir las agroindustrias
mantenidas por la iniciativa privada. Se atacaron, mediante invasiones del MST
apoyadas por su homólogo internacional “Vía Campesina”, las áreas de
florecientes agroindustrias a lo largo y ancho del país. Se generó un clima de
“inseguridad jurídica” para empresas capitalistas íconos del consumismo burgués
como Daslu, en São Paulo (mediante acciones ruidosas de la Policía Federal
contra los propietarios), con el apoyo del Ministerio Público, de la “Receita
Federal” y de jueces simpáticos a las políticas oficiales. Se incrementó significativamente
la propaganda oficial a nivel federal y de
Estados en poder del PT y de partidos de la base aliada. Y se aceleró,
de forma descontrolada, el crecimiento de la máquina burocrática, pasando de 23
para 43 ministerios, haciendo saltar el gasto público hasta niveles jamás
vistos en la historia republicana brasileña.
En conclusión: el Brasil pasó a vivir, en la última década, una especie de
esquizofrenia política[5]
proveniente de la duplicidad de programas en conflicto, adoptados por las dos
cartas de navegación a las que se ha hecho alusión en esta materia. Un programa
que parecía conducir al refuerzo del modelo social democrático (puesto en
marcha por Fernando Henrique Cardoso) es socavado por otro, de índole
declaradamente patrimonialista y alineado con lo que de más atrasado hay en la
política mundial contemporánea.
Indiquemos brevemente las principales consecuencias de este estado de cosas,
que pueden ser encaradas como los siete pecados capitales del lulopetismo en
estos diez años de ejercicio del poder:
1 - Entropía administrativa responsable por
las dificultades económicas que el país vive actualmente, con el regreso de la
inflación, a la que se le había puesto coto con el “Plano Real” adoptado por
Fernando Henrique Cardoso. Decisiones contradictorias son tomadas por el
gobierno en los más variados campos: el educacional, el de la salud pública, el
de la seguridad ciudadana, el de la logística de puertos, carreteras y
aeropuertos,[6]
etc., en virtud de la duplicidad de principios inspiradores de las políticas
públicas, correspondientes a las dos “cartas de navegación” que han sido
mencionadas. Podría decirse que se le ha rendido un homenaje al marxismo vulgar
al afirmarse prácticamente, en la gestión gubernamental ininteligible, que “las
contradicciones son el motor de la historia”.
Uno de los principales aspectos contradictorios ha sido la pretendida
redención de los desamparados mediante las políticas de distribución de renta realizadas
por los gobiernos petistas, con la intermediación, en varios casos, de
Organizaciones no Gubernamentales, que pasaron a recibir, sin control, dineros
oficiales. La idea de hacer justicia social distribuyendo renta es seductora.
Pero debe ser concretizada de forma responsable. No es esto lo que ha sucedido
con las políticas petistas en ese campo que, según el gobierno, han beneficiado
a 50 millones de brasileños. Al ser cobijada buena parte de la población
carente con el beneficio de la “bolsa familia” distribuída directamente por el
gobierno sin haber sido puesto en marcha, previamente, un mecanismo que
permitiera el control sobre los beneficiados, se le abrió la puerta a la
corrupción en ese sector. Se han detectado innumerables casos de receptores fantasmas
y de duplicidad de beneficios. La “bolsa familia” se ha convertido en un
beneficio “escatológico”, al no asignarse claramente cuál es el criterio que
indica el término del mismo. En varias regiones se ha observado el fenómeno del
abandono del empleo por parte de los ciudadanos más pobres, con la finalidad de
recibir el beneficio oficial. El senador Jarbas Vasconcellos afirmaba que el
lulopetismo organizó, así, el más grande programa de compra de votos del
hemisferio occidental.[7]
2 - Corrupción desenfrenada, que ha
sido estimulada por el Ejecutivo mediante la estrategia de cooptación de los
Partidos políticos, en el seno de un esquema de distribución sistemática de
dineros públicos para comprar apoyo en el Congreso. Este esquema, denominado de
“Mensalão” (en referencia al pago mensual de propinas a los parlamentarios
fieles), ha sido investigado por el Ministerio Público y fue objeto de importante
juicio por el Supremo Tribunal Federal, a lo largo del segundo semestre de
2012. Estas dos instancias de la magistratura, en consecuencia, han sido objeto
de una feroz campaña difamatoria, puesta en marcha por Lula y su Partido, con
el apoyo de la ”Base Aliada”.
Se encuentran en curso, actualmente, en el Congreso, por iniciativa del
“Partido dos Trabalhadores”, dos propuestas de Enmienda Constitucional, que
tienen como única finalidad mermarle poderes al Supremo Tribunal Federal y al
Ministerio Público, en una clara invasión de competencias del Legislativo sobre
el Poder Judicial. Equivale esto a una tentativa de golpe de Estado perpetrado desde la
Presidencia de la República (pues la iniciativa ha tenido origen en el partido
del gobierno). Esto hiere la independencia de los Poderes Constitucionales.
Igualmente, la prensa libre ha sido combatida por los militantes petistas, que
han hecho llegar al Congreso, a través de sus parlamentarios, varios proyectos
para limitar las funciones de las empresas de comunicación y someterlas, como
está sucediendo en la Argentina, a los caprichos de los gobernantes de turno.
3 - Debilitamiento de las
instancias institucionales que ejercen el control sobre el gasto público. Tales
instituciones, en Brasil, son el
“Tribunal de Contas da União” (órgano vinculado al Poder Legislativo) y la Ley
de Responsabilidad Fiscal, que controla los gastos de municipios y de entes
públicos, al ponerles un techo a aquéllos. Según decisión tomada por Lula, el
Tribunal mencionado no podrá más tomar conocimiento del destino de los dineros
públicos puestos a disposición de los sindicatos, sin que importe el montante
distribuído. Tal medida les
confirió a las organizaciones sindicales un poder extraordinario, hasta el punto de que se han convertido en “Estados dentro del Estado”, configurando lo que Fernando Henrique Cardoso denominó, con propiedad, un tipo de “peronismo à brasileira”. Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal fue derogada en la práctica por Lula, al ignorar su aplicación en los municipios administrados por prefectos del PT.
confirió a las organizaciones sindicales un poder extraordinario, hasta el punto de que se han convertido en “Estados dentro del Estado”, configurando lo que Fernando Henrique Cardoso denominó, con propiedad, un tipo de “peronismo à brasileira”. Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal fue derogada en la práctica por Lula, al ignorar su aplicación en los municipios administrados por prefectos del PT.
4 - Supremacía progresiva del
Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial. Esta
tendencia, que ya se encontraba presente en la historia republicana brasileña
(como por ejemplo en el largo ciclo getuliano, que se extendió de 1930 hasta
1945 y de 1951 hasta 1954), se hizo más fuerte en los últimos diez años, con el
abuso de la práctica autoritaria de las “medidas provisórias” (o legislación
por decreto presidencial), con las que Lula y Dilma prácticamente han
paralizado los trabajos del Legislativo, generando, por otra parte, constantes
roces con el Poder Judicial, mediante iniciativas que pretenden mermarle poder
a éste, como se ilustró atrás.[8]
Parece que los regímenes populistas
latinoamericanos se han puesto de acuerdo en el esfuerzo de darle primacía al
Ejecutivo. Esto también está sucediendo en Argentina, en Venezuela, en el
Ecuador, en Nicaragua, etc. Desde el punto de vista de la filosofía política,
este fenómeno se explica en buena medida por la presencia perniciosa de dos
principios negativos: la filosofía rousseauniana, por una parte, con su
concepto de “soberanía popular ilimitada” y, por otra, la idea positivista de
que, para mantener el progreso, es necesario atacar la libertad, mediante la
implantación de un orden autoritario. Es el drama latinoamericano, así, como en
la Francia de Tocqueville, lo fue la adopción despótica de la idea republicana,
deformada por el pensamiento de Rousseau y los Jacobinos.[9]
5 - Alineamiento de la política
externa brasileña no con los intereses de la Nación expresados en el Congreso,
sino con las conveniencias ideológicas del Partido de los Trabajadores. A
partir de los dos gobiernos de Lula y continuando en el mandato de Dilma
Roussef, la política externa brasileña pasó a seguir los dictámenes del Foro de
São Paulo[10].
Así, el Brasil se convirtió en repetidor de las consignas socialistas del
chavismo venezolano y del comunismo cubano. En el seno de esta política
exterior alineada con el Foro de São Paulo, el Brasil se ha mostrado favorable
a las FARC, ha atacado las políticas antiterroristas del gobierno colombiano y
se ha revelado incondicional seguidor de la revolución chavista en las
decisiones tomadas en el seno de UNASUR, inclusive legitimando aceleradamente
el discutible triunfo electoral de Nicolás Maduro, como sucesor de Chávez, en
Venezuela, al comienzo de 2013.
Estas decisiones, contrarias, de forma sistemática, a los Estados Unidos y
favorables a todo lo que signifique combate al denominado “imperialismo
norteamericano”, evidentemente no han tenido en cuenta que se ha adherido a
otros tipos de dominación internacional, que favorecen a potencias de dudosa
índole como el Irán y Corea del Norte. Este clima de inseguridad jurídica
terminó perjudicando al MERCOSUL, que se ha convertido en un fantasma que
aplica la política chavista para la América Latina, dejando de ser una
asociación de libre comercio.
Por otra parte, el Brasil ha relegado a segundo plano los intereses de la
industria y el comercio, al alinearse, por motivos ideológicos, con países que
atacan a los productores brasileños. Esto sucedió, por ejemplo, con la política
de nacionalizaciones de empresas explotadoras de petróleo y gas en Bolivia y
con las aventureras alianzas comerciales con Chávez. Este mandatario
simplemente dejó de dar la contribución pactada con el Brasil en la empresa
bilateral creada por Lula, la Refinería Abreu e Lima en Recife. Los venezolanos,
hasta ahora, después de más de cinco años de creada la empresa de refinación,
no han aportado un único centavo, lo que ha producido una fuerte
descapitalización de la Petrobrás. La mencionada política internacional, más
ideológica que fundada en principios, ha derrumbado, de forma definitiva, la
tradición de seriedad que había sido conquistada por la diplomacia brasileña a
lo largo del siglo XX.
6 - Refuerzo definitivo al
Patrimonialismo en la gestión del Estado. Con el
lulopetismo, esta tendencia, heredada de la cultura ibérica, pasó a ser
prevaleciente en la realidad brasileña. Ya lo había afirmado Antônio Paim en
esclarecido análisis de la mentalidad petista, hecho en 2002.[11]
El PT ha encarado el Estado como negocio particular, de carácter familiar. No
es el Partido de los Trabajadores el que se debe amoldar a la realidad
brasileña. Es el país el que debe ser puesto a servicio de los intereses del
Partido. Todo es pensado en función de perpetuar la hegemonía petista. Lo
público es tratado como negocio de familia. La amante oficial de Lula, Rosemary
Noronha, transitaba tranquilamente de la alcoba presidencial instalada en el
“Aerolula”, en los viajes internacionales, como persona que prestaba servicios
particulares al jefe y como asesora que cuidaba de las millonarias
transacciones financieras y de la agenda personal del mandatario, amén de algunos trabajos de intermediación
clientelista, para nombrar funcionarios del segundo escalón. Estos son datos de
dominio público, ampliamente divulgados por la prensa.
Aún en el seno de esa tendencia patrimonialista, el gobierno, a través del “Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social” (BNDES) pasó a favorecer con
generosos créditos a empresarios escogidos por la Presidencia de la República
para ser elevados a las alturas de mega-emprendedores, confiándoles, entre
otras cosas, las obras del “Programa de Aceleração do Crescimento” que, así
como otras grandes iniciativas (transposición de las aguas del Rio San
Francisco, ampliación de la red férrea en el Nordeste, etc.) se han
caracterizado por la falta de transparencia y el desvío de dineros públicos.
El Ejecutivo ha favorecido, también, con empréstitos blandos a gobiernos
extranjeros, con el fin de desarrollar proyectos de ingeniería y prospección
petrolífera que contraten a empresas brasileñas indicadas por el gobierno. Se
han hecho, así, pesadas inversiones en Cuba, en Venezuela, en Angola, en el
Ecuador, en Bolivia, en países centroamericanos, etc., sin que se haya
explicado claramente a la opinión pública y al Congreso los beneficios que de
ahí se derivarán para la economía brasileña. Se desarrollaron caros proyectos
energéticos en Brasil en colaboración
con Venezuela, como es el caso de la refinería Abreu e Lima en
Pernambuco al que ya se ha hecho referencia. Como en toda transacción entre
amigos, el “do ut des” ha sido regla seguida fervorosamente por los que se han
beneficiado con la generosidad oficial: conocida empresa de ingeniería,
favorecida por el gobierno petista, paga los viajes de Lula a los países
africanos, remunerándolo regiamente por sus conferencias.
7 - Empobrecimiento de los
brasileños, regreso de la inflación y aumento incontrolado de la violencia. El
sueño populista de los pueblos tiene un alto precio. El líder mesiánico se
parece con aquellos arácnidos venenosos que paralizan a sus víctimas para
sorberles la vida. Los países latinoamericanos pagan su precio hoy al
mesianismo populista. Los argentinos se lo pagan al peronismo. Los venezolanos
al chavismo. Los brasileños al lulopetismo.
El populismo de Lula lo llevó a subir al palco electorero del presidente
boliviano Evo Morales; con él apareció Lula ostentando vistoso collar de hojas
de coca. La señal había sido dada: Evo simplemente duplicó el área del cultivo
de coca para el refinamiento de la cocaína que es distribuída en las ciudades
brasileñas. El crack las invadió, a lo
largo de la última década. Hoy el Brasil tiene un perverso índice de
drogadicción: el crack es consumido en 97 por ciento de los municipios del
país. Son aproximadamente 1 millón y medio los viciados que deambulan por las
ciudades cometiendo asaltos y asesinatos. Los índices de violencia han salido
de control.
El país, empobrecido, ve regresar la inflación y caer los índices de
crecimiento. El desempleo aumenta y ya, en una perspectiva estadísticamente
válida y no maquillada por la propaganda oficial, llega a índices ibéricos de
más del 20 por ciento.[12] No
se hicieron las obras de infraestructura que el país necesitaba, frente a
compromisos internacionales asumidos como la Copa del Mundo de 2014 y las
Olimpíadas de Rio de Janeiro de 2016. Las exportaciones de productos agrícolas
sufren con esta falta de infraestructura. Se pierden compradores importantes de
la soya brasileña, por ejemplo, debido al incumplimiento de plazos. Otros
países latinoamericanos que cuidaron de su infraestructura, como el Paraguay
con sus hidrovías, van avanzando sobre esos mercados.
El Brasil ha reducido su margen de seguridad en materia monetaria y de
comercio externo. Hay, hoy en día, un hueco de 67 billones de dólares en las
cuentas externas. Las inversiones del gobierno y del sector privado han caído
de 19,5% (con relación al PIB, en 2010) para 18,1% (en 2012). La propaganda
oficial no logra esconder la pérdida de capacidad de compra del ciudadano
medio, atribulado por la carga tributaria más pesada del Planeta, que lo lleva
a trabajar una media de cinco meses al año para pagar los impuestos cobrados
por el fisco en las instancias municipal, estadual y federal.
Conclusión: Está la sociedad brasileña paralizada? Ciertamente no. Aquí y
allí aparecen manifestaciones de descontento frente a ese estado de cosas. Las
críticas se multiplican en todos los cuadrantes sociales, desde los
intelectuales, pasando por políticos de la oposición, los militares y personas
pertenecientes a los estratos populares. Las manifestaciones de inconformidad
aparecen en la prensa, en las redes sociales y van ganando las clases menos favorecidas,
en la medida en que la inflación les cobra a éstas, nuevamente, su pesado
tributo, con el encarecimiento de la cesta básica. Manifestaciones de protesta
se han dado en Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, y en otras grandes
urbes.
Pero la propaganda oficial es intensa e intensas son también las tentativas
de callar a la prensa libre. Logrará la sociedad brasileña hacerle frente al
fantasma de la dictadura civil, como la que ha terminado por prevalecer en
Venezuela y está a camino en Argentina? Todo depende de que las fuerzas
contrarias al proyecto hegemónico petista se organicen efectivamente para
combatir al PT en las urnas y evitar que se perpetúe una casta que, legitimada
en las elecciones, terminará por inviabilizar la democracia con las propias
formalidades de la vida democrática. Difícil tarea. El año de 2014 será crucial
para la democracia en Brasil. Si las oposiciones consiguen organizarse con
candidatos combativos y veraces, ciertamente se logrará ponerle coto al
autoritarismo en ascenso. Antes que todo, en estos momentos, es necesario tener
el coraje de hablar claro y de poner las cartas sobre la mesa, colocando al
desnudo las propuestas hegemónicas del partido del gobierno. Esta será la
primera etapa. La segunda será el compromiso de los brasileños que aman la
libertad en una campaña contra la hegemonía petista y a favor de la alternancia
en el poder. Es imprescindible, en estos momentos, defender al Poder Judicial
de la tentativa petista de menoscabar su autoridad.
[1] Debido al perfil radical presentado por
Lula en las campañas presidenciales de 1988, 1993 y 1997, el candidato petista
fue macizamente derrotado por Fernando Collor de Melo (en 1988) y por Fernando
Henrique Cardoso (en 1993 y 1997). El programa de gobierno de Lula se afinó, en
esas oportunidades, con el modelo comunista cubano, en lo que constituye una
prueba clara del atraso del pensamiento petista, que no fue capaz de
evolucionar de acuerdo con los nuevos
tiempos, después de la derrocada del comunismo en el este europeo, a finales
del siglo XX.
[2] Este modelo es arcaico y se remonta
al ciclo pombalino que tuvo su auge en el siglo XVIII, con las reformas de la
monarquía portuguesa hechas por el Marqués de Pombal. Según la ”aritmética
política” que constituyó la versión de despotismo ilustrado puesta en marcha en
Portugal, cabía al Estado empresario garantizar la riqueza de la nación y
asegurar el orden político y moral de la sociedad. Cf. al
respecto, PAIM, Antônio (organizador). Pombal na cultura brasileira. Rio de
Janeiro: Tempo Brasileiro / Fundação Cultural Brasil-Portugal, 1982. Los marxistas adoptaron esta tesis, que
constituye pieza central del clima de cientificismo que pasó a prevalecer, a lo
largo del siglo XX, entre los intelectuales de izquierda en Brasil. Cf., en
relación con este punto: PAIM, Antônio. Marxismo e descendencia. Campinas:
Vide Editorial, 2009.
[3] Antônio Paim, en su obra titulada: A
querela do estatismo (1ª. Edición, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro,
1978), ilustró de forma clara la figura del Estado empresario según el marqués
de Pombal y cómo este modelo fue copiado por la cultura política
brasileña.
[4] Es sabido cómo el PT, antes de la
elección de Lula, había desplegado, en algunas ciudades en las que el Partido
de los Trabajadores había elegido prefectos, una agresiva política de
cooptación de empresas municipales, a fin de desviar dineros para irrigar la
caja del Partido. Esos dineros terminaron siendo embolsados por políticos
corruptos del PT, lo que generó sangrienta lucha interna que terminó eliminando
prefectos que querían sólo el desvío de dineros para el Partido, no para los
particulares. En ese contexto fueron ejemplarmente asesinados los prefectos de
dos importantes municipios del interior paulista: Celso Daniel, de São Bernardo
do Campo, que ocupaba a la sazón el importante cargo de director de la campaña
presidencial de Lula y “Toninho do PT”, de Campinas. Hasta ahora estos crímenes
han quedado sin solución penal, debido a las enormes presiones políticas de la
cúpula del PT sobre los organismos
policiales y la magistratura.
[5] Este mal parece ser común a los marxistas latinoamericanos cuando
deciden llegar al poder. Lo encontramos, por ejemplo, también entre los dirigentes de las FARC. Desde
finales del siglo XX éstas luchaban por la conquista del Estado a través de dos
mecanismos: la lucha armada y la contienda electoral. Para elegir a sus
candidatos, las FARC crearon el movimiento político denominado “Unión
Patriótica”, que aparentemente se acogía a los marcos legales, mientras que los
guerrilleros “corrían por fuera”, practicando el terrorismo para hacer rehén a
la población civil.
[6] En el caso de la logística de
comunicaciones, por ejemplo, el gobierno del PT ha optado por crear una
megaempresa estatal, para subsanar le incapacidad burocrática de las entidades
existentes. Nada de entrar decididamente por el camino de la privatización de
este sector, lo cual sería la solución realista y eficaz.
[7] Muy diferente ha sido la forma en
que, en algunos países, como Colombia, se adoptó la idea de la “bolsa escola”
(que había sido puesta en marcha en Brasil por Fernando Henrique Cardoso). El
gobierno de Uribe Vélez adoptó esta iniciativa, de una forma eficaz para sacar
realmente de la pobreza a los beneficiados. En visita realizada por empresarios
brasileños de la “Confederação Nacional do Comércio” a Bogotá, Medellín y
Cartagena, en Julio de 2007, tuve oportunidad de conocer de cerca la
forma en que operaba el sistema de beneficios sociales, con un rígido mecanismo
de control del ministerio correspondiente sobre los beneficiados. Cf.,
al respecto, de mi autoría: Da guerra à pacificação: a escolha
colombiana. Campinas: Vide
Editorial, 2010. Las declaraciones del Senador Jarbas Vasconcellos fueron dadas
a la Revista Veja, publicada en São Paulo.
[8] En editorial
titulado: “A vez dos bombeiros”, el importante diario O Estado de São Paulo
(edición de 27 de Abril de 2013) afirmaba lo siguiente, destacando la gravedad
del conflicto actual entre el Legislativo y la Magistratura, para obedecer a
los intereses electorales del Ejecutivo:
“O ministro Dias Toffoli, por exemplo, numa ida à Câmara dos Deputados
para participar de um grupo de trabalho, disse que quem quiser ver crise quer criar, porque crise não há. O que há,
segundo as suas palavras emolientes, são os
Poderes funcionando, a normalidade democrática e a democracia efervescente.
Ele há de saber que os Poderes não estão imunes a praticar atos disfuncionais e
que a efervescência democrática corre o risco de transbordar dos padrões da
normalidade. Foi o que ocorreu, para dizer o mínimo, quando a Comissão de
Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, numa sessão de que participaram apenas
21 dos seus 68 membros, acolheu, em votação simbólica, um retaliatório projeto
de emenda constitucional, de autoria petista, destinado a subordinar as
decisões mais importantes do STF à aprovação do Congresso. E foi o que ocorreu
também quando, horas depois, o ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar
requerida pelo líder do PSB no Senado, Rodrigo Rollemberg, para sustar a
tramitação, a toque de caixa, do projeto que priva as novas legendas do tempo
de TV e da parcela do Fundo Partidário proporcionais ao número de parlamentares
que a elas adiram - o que a atual legislação, referendada pelo Supremo, admite.
O ministro invocou, para a sua decisão, a extrema
velocidade do andamento da proposta e a aparente
tentativa casuística que lhe deu origem. Uma coisa e outra são verdadeiras.
No limite, o que se busca com a proposta, a pretexto de inibir a proliferação
de siglas, é abrir caminho para a reeleição da presidente Dilma Rousseff em
primeiro turno. Daí a recusa dos governistas a aceitar que as novas regras só
entrem em vigor em 2015. Assim como a pretendida tutela sobre o STF atenta
contra a cláusula pétrea da Carta de 1988 que afirma a separação dos Poderes e
dá ao Supremo a palavra final sobre a constitucionalidade das leis, o freio à
tramitação do projeto sobre os partidos representa uma ingerência na atividade
legislativa, ainda mais quando conduzida de acordo com as normas regimentais do
Congresso. No meu tempo de Supremo, nunca
vi nada igual, comentou o jurista Carlos Velloso, que foi ministro por 16
anos. Já diante da enormidade cometida pela CCJ, o mesmo Gilmar Mendes acusou o
órgão de rasgar a Constituição. Se a
iniciativa vingar, será melhor que se
feche o Supremo, radicalizou. Com igual contundência, ao criticar a liminar
do ministro, o presidente do Senado, Renan Calheiros, a equiparou a uma invasão e cobrou da Corte que reveja os
seus excessos ao julgar o recurso que
ficou de apresentar”.
[9] En el Brasil, el alerta contra esa
empresa autoritaria que amenaza la libertad, fue dado especialmente por
pensadores liberales de la talla de
Roque Spencer Maciel de Barros, Miguel Reale, Antônio Paim, José Osvaldo
de Meira Penna, José Guilherme Merquior, Ubiratan Macedo, Og Leme, Donald Stewart y Roberto Campos. En años
recientes, el Instituto Liberal, especialmente en sus representaciones en Rio
de Janeiro y Porto Alegre, ha puesto de manifiesto ese riesgo, en varias
publicaciones periódicas que son
distribuídas en los medios empresarial y universitario. En la Francia de
Tocqueville, este autor consignó su análisis crítico contra el atentado
absolutista hacia la libertad, en su clásica obra titulada: L’Ancien
Régime et la Révolution.
[10] Es sabido cómo el Foro de São Paulo fue
organizado, en los años noventa del siglo pasado, por iniciativa de Fidel
Castro y de Lula da Silva, a fin de darle vida extra al comunismo en la América
Latina, después de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión
Soviética. Al citado Foro adhirieron organizaciones guerrilleras como las FARC
colombianas, entidades revolucionarias como la “Via Campesina” y el Movimiento
de los Trabajadores Sin Tierra del Brasil y gobiernos izquierdistas como el de
Chávez, en Venezuela y el de Daniel
Ortega, en Nicaragua.
[11] PAIM, Antônio.
Para
entender o PT. Londrina: Instituto Humanidades, 2002.
[12] El
economista César Maia, miembro de la Câmara de Vereadores de Rio de Janeiro y
exprefecto de la ciudad de Rio de Janeiro, considera que el Instituto
Brasileiro de Economia e Estadística (IBGE) maquilla los datos del desempleo,
estableciendo una confusión deliberada entre empleados precariamente y
trabajadores formales. Em su más reciente informe publicado en la página web
titulada: Exblog do César Maia (30 de abril de 2013) escribe lo
siguiente: “Ou seja, os Desocupados e
os Ocupados Precariamente que constituem a efetiva Taxa de Desemprego
representam 5,7% + 20,1% = 25,7% da PEA. Essa é a Taxa de Desemprego
efetiva. Ibérica!” [http://emkt.frontcrm.com.br/display.php?M=4455858&C=afadd0a3868cb5a6975f1a60a6ec08e8&S=6609&L=514&N=2519].
Infelizmente, não caminhamos mais para um regime totalitário, já estamos em pleno exercício desse regime. As patrulhas ideológicas pululam como os camisas negras às vésperas da segunda guerra mundial, na Itália. Os tentáculos do populismo lulo-petista se esgueiram por todos os meandros do hipertrofiado estado brasileiro. E, por fim, a oposição é um pastiche, sem programa, que se afunda no mar de egos da briga entre tucanos mineiros e paulista, e o único partido que poderia apresentar soluções liberais para nossos problemas, prefere se esconder ou ficar preso a seu passado coronelista.
ResponderExcluirMe gusta mucho este artículo, parece una muy buena radiografía de la realidad de latinoamérica con un mamertismo trasnochado.
ResponderExcluirLos hermanos Castro no son un muy buen ejemplo de democracia y bastante mala y nefasta influencia para imitar.
Estimado Ricardo, un artículo muy interesante y, como es usual en tus escritos, lleno de referencias sólidas y muy útiles; tengo algunos comentarios.
ResponderExcluirDescalificar la Demarcación de Tierras Indígenas por el hecho de que amenaza extinguir las agroindustrias privadas me parece injusto. La inversión privada es fundamental para el progreso económico de una nación y los gobiernos deben estimular dicha inversión, pero no olvidemos que el objetivo fundamental la inversión privada es generar utilidades y sin un marco protector de la sociedad se producen serios abusos. El sector agrario de Centroamérica demuestra los extremos abusivos a que se puede llegar. Allí ha tenido lugar un verdadero holocausto con exterminación de grupos indígenas para liberar sus tierras y agregarlas a los grandes feudos agropecuarios privados. Los gobiernos de turno declararon a los indígenas como comunistas y losconvirtieron en objetivo de exterminio con el beneplácito y la colaboración criminal de la CIA. Y no olvidemos que Brasil tiene una extensa historia de abuso y destrucción de las culturas indígenas.
Brasil no es una excepción a los abusos de gobierno como el escándalo del mensalão lo demuestra. Pero decir que el modelo de gobierno de Lula está alineado con lo más atrasado de la política mundial parece una exageración. En el mundo hay un gran respeto hacia el modelo brasilero debido a los resultados que ha obtenido. La Bolsa Familia se ve como un modelo de gran potencial para mejorar la desigualdad social; y la reducción de la pobreza en un 28% que ha logrado en Brasil es un objetivo que muchos quieren emular. Esto no exonera al gobierno de las merecidas críticas por su apoyo incondicional a un sistema como el chavismo de Venezuela.
Con la llegada del neoliberalismo de Thacher y Reagan el ataque frontal a las defensas de los trabajadores se convirtió en la norma y el sindicalismo se diabolizó muy efectivamente. Vistas ya las horribles consecuencias de ese neoliberalismo desenfrenado, sus fundamentos ideológicos se han derrumbado y nos encontramos ante la necesidad de definir un nuevo modelo social para el sigo 21. Parte de ese modelo debe ser el reconocimiento de que los trabajadores son el motor de la economía y no un lastre como piensan los neoliberales. Claro que debemos evitar perpetuar modelos arcaicos como el peronismo; tenemos la obligación de buscar un modelo que apoye el crecimiento económico a la vez que proteja los intereses válidos de los trabajadores.
Me parece injusto acusar a Bolivia de la epidemia de consumo de drogas que sufre Brasil. Este es un fenómeno mundial y todas las medidas restrictivas ensayadas hasta el momento han fracasado. Ya se habla de legalizar el consumo de drogas, como se hizo en Estados Unidos con el alcohol.
Los logros de Colombia bajo Álvaro Uribe son muy discutibles. Uribe es muy controvertido; algunos lo ven como un salvador y otros lo acusan de corromper le fibra democrática de Colombia. Transcribo parte de la contraportada del libro ¨y refundaron la patria …¨ ISBN 978-958-8613-15-4: ¨las investigaciones judiciales revelan que en este período [años 90 hasta 2009] una tercera parte de los cargos políticos en las ramas legislativa y ejecutiva, … fue capturada por organizaciones armadas y mafiosas. Los enemigos de la democracia no solo están fuera del Estado; una parte substancial está adentro. Esos enemigos agazapados consolidaron nuevas elites de poder político y económico … que tienen un pie en la legalidad y otro en la ilegalidad. Dichas elites emergentes reconfiguraron el mapa político nacional, confluyeron masivamente en el proyecto político uribista a partir de 2002 y desde allí lograron aprovechar y reconfigurar sustancialmente parcelas de lo público en su favor. El camino para llegar a semejante logro no estuvo exento de costos para nuestra democracia. Durante las últimas dos décadas Colombia ha tenido tres veces más violaciones de los derechos humanos que las tres dictaduras militares del Cono Sur sumadas.¨
Carlos Garcia