DIEZ AÑOS DE LULOPETISMO

Pasada una década de ejercicio del poder por parte del lulopetismo, conviene hacer un balance de ese período, a fin de sacar algunas conclusiones a la luz de lo que los angloamericanos llaman “la prueba de la historia”.

El Partido de los Trabajadores llegó al poder con dos cartas de navegación. Una, simulada y provisional, elaborada rápidamente por recomendación de los marqueteros políticos de Lula y que fue publicada con el título: “Carta ao povo brasileiro”, o simplemente: “Carta do Recife”, de finales de 2002. Otra, datada en el final del primer semestre de 2002 y denominada “Carta de Olinda”, elaborada en los laboratorios de la dirección del Partido de los Trabajadores bajo la orientación de José Dirceu, que se convertiría poco después en el todopoderoso ministro “Da Casa Civil” del gobierno Lula. En ella, los petistas dejaban claro el tipo de gestión pública que pretendían poner en práctica.

En la “Carta ao povo brasileiro”, elaborada por los asesores de marketing electoral de Lula, se destacaba que el candidato petista, en el caso de que fuera elegido Presidente de la República,  honraría los contratos internacionales firmados por el Brasil,  mantendría el régimen democrático de libertades y de tripartición de poderes, respetando la Constitución vigente, la rotatividad del poder entre los partidos, así como la economía de mercado, junto con los marcos de política macroeconómica fijados en el “Plano Real” e implementados en los dos gobiernos social-democráticos de Fernando Henrique Cardoso. Se respetarían los tratados internacionales y la gestión democrática de la política exterior administrada por el Itamaraty, siguiendo la tradición de la convivencia pacífica del Brasil con las demás naciones. La clase media fue conquistada por la “Carta ao povo brasileiro”. Contrariamente a lo sucedido en elecciones anteriores[1], aquella le dio decisivo apoyo al candidato Lula. Siempre lo consideré un populista por naturaleza, dispuesto a lo que fuera necesario para conquistar el poder. Lula, antes de llegar a la Presidencia de la República, siempre dio claras muestras de su desprecio hacia las instituciones republicanas. Apellidó al Congreso con el mote de “300 pícaros” (a pesar de que era parte del Legislativo, como diputado federal del PT). En calidad de tal, no quiso firmar la Constitución de 1988 que sacramentó el regreso de la democracia y les abrió las puertas de las elecciones a los exiliados del régimen militar. Tampoco quiso apoyar el “Plano Real”  elaborado por Fernando Henrique Cardoso, ministro de Economía del gobierno de Itamar Franco, que le puso fin a la inflación desenfrenada. Pero las elecciones, en el mundo de hoy, se conquistan gracias al trabajo de los marqueteros, especialmente en los países emergentes que carecen de una continuada tradición liberal, como es el caso del Brasil.

Ya en la carta de navegación elaborada en los laboratorios petistas bajo la orientación de “Zé” Dirceu, la realidad tenía otros tintes. Lo que los petistas buscaban, en primer lugar, era, en el terreno económico, instaurar un sistema productivo centrado en la intervención directa del Estado como empresario[2], que escogería, mediante cooptación, a los industriales y emprendedores que deberían ser los “campeões de bilheteria”, o sea, los bien sucedidos[3]. Este modelo cooptativo, que ya había sido puesto en marcha en otros ciclos del patrimonialismo brasileiro (durante el Imperio, en el siglo XIX y a lo largo de los momentos modernizadores de la historia republicana del siglo XX, por Getúlio Vargas y los militares), fue adoptado por los petistas. El mecanismo institucional que haría posible financiar a los empresarios cooptados sería (como durante el ciclo getuliano, los gobiernos de Juscelino Kubitschek y el período militar), el “Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social”, BNDS. Las empresas estatales, controladas por los ejecutivos petistas, le permitirían al Partido de los Trabajadores irrigar su caja con generosos dineros desviados de los lucros de éstas.[4] Se retornaría a la nacionalización de empresas lucrativas como la “Vale do Rio Doce” (que había sido privatizada por Fernando Henrique Cardoso) y de otras empresas del área de minería. Se le daría un cariz más político que técnico a una próspera estatal como la Petrobrás, que bajo la gestión de los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso se había abierto a los capitales privados, consiguiendo fortalecerse para acelerar la explotación de hidrocarburos, buscando la autosuficiencia brasileña en ese sector. Lo que en el fondo inspiraba a este movimiento de los petistas era el llamado eufemísticamente “capitalismo de Estado” (que en realidad no es más que el refuerzo al Patrimonialismo). Decían los petistas inspirarse en las prácticas económicas de China, cuyos índices de crecimiento se habían acelerado significativamente en las últimas décadas. Dentro de ese esquema, el PT estaba llamado a tornarse un Partido hegemónico, constituyéndose, bajo la inspiración de la filosofía gramsciana, como “el nuevo príncipe” de la política brasileña.

Ya desde el primer gobierno de Lula (y al amparo de la “Carta de Olinda”) los llamados “Movimientos Sociales”, como el MST  (Movimiento de los Trabajadores sin Tierra), por ejemplo, fueron contemplados con generosas dádivas presupuestales, para que ayudaran a efectuar los cambios pretendidos. Se le dió significativa cuota política a la Iglesia Católica progresista, permitiendo que la “Confederação Nacional dos Bispos do Brasil” (CNBB), a través de la “Pastoral da Terra” y del “Conselho Indigenista Missionário” (CIMI) indicara ministros y funcionarios para las sensibles áreas de la Reforma Agraria y de las políticas sociales. Se desarrolló agresiva política de demarcación de tierras indígenas (como ocurrió en Roraima con el área denominada “Raposa Serra do Sol”), a fin de extinguir las agroindustrias mantenidas por la iniciativa privada. Se atacaron, mediante invasiones del MST apoyadas por su homólogo internacional “Vía Campesina”, las áreas de florecientes agroindustrias a lo largo y ancho del país. Se generó un clima de “inseguridad jurídica” para empresas capitalistas íconos del consumismo burgués como Daslu, en São Paulo (mediante acciones ruidosas de la Policía Federal contra los propietarios), con el apoyo del Ministerio Público, de la “Receita Federal” y de jueces simpáticos a las políticas oficiales. Se incrementó significativamente la propaganda oficial a nivel federal y de  Estados en poder del PT y de partidos de la base aliada. Y se aceleró, de forma descontrolada, el crecimiento de la máquina burocrática, pasando de 23 para 43 ministerios, haciendo saltar el gasto público hasta niveles jamás vistos en la historia republicana brasileña.

En conclusión: el Brasil pasó a vivir, en la última década, una especie de esquizofrenia política[5] proveniente de la duplicidad de programas en conflicto, adoptados por las dos cartas de navegación a las que se ha hecho alusión en esta materia. Un programa que parecía conducir al refuerzo del modelo social democrático (puesto en marcha por Fernando Henrique Cardoso) es socavado por otro, de índole declaradamente patrimonialista y alineado con lo que de más atrasado hay en la política mundial contemporánea.

Indiquemos brevemente las principales consecuencias de este estado de cosas, que pueden ser encaradas como los siete pecados capitales del lulopetismo en estos diez años de ejercicio del poder:

1 - Entropía administrativa responsable por las dificultades económicas que el país vive actualmente, con el regreso de la inflación, a la que se le había puesto coto con el “Plano Real” adoptado por Fernando Henrique Cardoso. Decisiones contradictorias son tomadas por el gobierno en los más variados campos: el educacional, el de la salud pública, el de la seguridad ciudadana, el de la logística de puertos, carreteras y aeropuertos,[6] etc., en virtud de la duplicidad de principios inspiradores de las políticas públicas, correspondientes a las dos “cartas de navegación” que han sido mencionadas. Podría decirse que se le ha rendido un homenaje al marxismo vulgar al afirmarse prácticamente, en la gestión gubernamental ininteligible, que “las contradicciones son el motor de la historia”.

Uno de los principales aspectos contradictorios ha sido la pretendida redención de los desamparados mediante las políticas de distribución de renta realizadas por los gobiernos petistas, con la intermediación, en varios casos, de Organizaciones no Gubernamentales, que pasaron a recibir, sin control, dineros oficiales. La idea de hacer justicia social distribuyendo renta es seductora. Pero debe ser concretizada de forma responsable. No es esto lo que ha sucedido con las políticas petistas en ese campo que, según el gobierno, han beneficiado a 50 millones de brasileños. Al ser cobijada buena parte de la población carente con el beneficio de la “bolsa familia” distribuída directamente por el gobierno sin haber sido puesto en marcha, previamente, un mecanismo que permitiera el control sobre los beneficiados, se le abrió la puerta a la corrupción en ese sector. Se han detectado innumerables casos de receptores fantasmas y de duplicidad de beneficios. La “bolsa familia” se ha convertido en un beneficio “escatológico”, al no asignarse claramente cuál es el criterio que indica el término del mismo. En varias regiones se ha observado el fenómeno del abandono del empleo por parte de los ciudadanos más pobres, con la finalidad de recibir el beneficio oficial. El senador Jarbas Vasconcellos afirmaba que el lulopetismo organizó, así, el más grande programa de compra de votos del hemisferio occidental.[7]

2 - Corrupción desenfrenada, que ha sido estimulada por el Ejecutivo mediante la estrategia de cooptación de los Partidos políticos, en el seno de un esquema de distribución sistemática de dineros públicos para comprar apoyo en el Congreso. Este esquema, denominado de “Mensalão” (en referencia al pago mensual de propinas a los parlamentarios fieles), ha sido investigado por el Ministerio Público y fue objeto de importante juicio por el Supremo Tribunal Federal, a lo largo del segundo semestre de 2012. Estas dos instancias de la magistratura, en consecuencia, han sido objeto de una feroz campaña difamatoria, puesta en marcha por Lula y su Partido, con el apoyo de la ”Base Aliada”. 

Se encuentran en curso, actualmente, en el Congreso, por iniciativa del “Partido dos Trabalhadores”, dos propuestas de Enmienda Constitucional, que tienen como única finalidad mermarle poderes al Supremo Tribunal Federal y al Ministerio Público, en una clara invasión de competencias del Legislativo sobre el Poder Judicial. Equivale esto a una tentativa de  golpe de Estado perpetrado desde la Presidencia de la República (pues la iniciativa ha tenido origen en el partido del gobierno). Esto hiere la independencia de los Poderes Constitucionales. Igualmente, la prensa libre ha sido combatida por los militantes petistas, que han hecho llegar al Congreso, a través de sus parlamentarios, varios proyectos para limitar las funciones de las empresas de comunicación y someterlas, como está sucediendo en la Argentina, a los caprichos de los gobernantes de turno. 

3 - Debilitamiento de las instancias institucionales que ejercen el control sobre el gasto público. Tales instituciones, en Brasil,  son el “Tribunal de Contas da União” (órgano vinculado al Poder Legislativo) y la Ley de Responsabilidad Fiscal, que controla los gastos de municipios y de entes públicos, al ponerles un techo a aquéllos. Según decisión tomada por Lula, el Tribunal mencionado no podrá más tomar conocimiento del destino de los dineros públicos puestos a disposición de los sindicatos, sin que importe el montante distribuído. Tal medida les
confirió a las organizaciones sindicales un poder extraordinario, hasta el punto de que se han convertido en “Estados dentro del Estado”, configurando lo que Fernando Henrique Cardoso denominó, con propiedad, un tipo de “peronismo à brasileira”. Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal fue derogada en la práctica por Lula, al ignorar su aplicación en los municipios administrados por prefectos del PT.

4 - Supremacía progresiva del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial. Esta tendencia, que ya se encontraba presente en la historia republicana brasileña (como por ejemplo en el largo ciclo getuliano, que se extendió de 1930 hasta 1945 y de 1951 hasta 1954), se hizo más fuerte en los últimos diez años, con el abuso de la práctica autoritaria de las “medidas provisórias” (o legislación por decreto presidencial), con las que Lula y Dilma prácticamente han paralizado los trabajos del Legislativo, generando, por otra parte, constantes roces con el Poder Judicial, mediante iniciativas que pretenden mermarle poder a éste, como se ilustró atrás.[8]

 Parece que los regímenes populistas latinoamericanos se han puesto de acuerdo en el esfuerzo de darle primacía al Ejecutivo. Esto también está sucediendo en Argentina, en Venezuela, en el Ecuador, en Nicaragua, etc. Desde el punto de vista de la filosofía política, este fenómeno se explica en buena medida por la presencia perniciosa de dos principios negativos: la filosofía rousseauniana, por una parte, con su concepto de “soberanía popular ilimitada” y, por otra, la idea positivista de que, para mantener el progreso, es necesario atacar la libertad, mediante la implantación de un orden autoritario. Es el drama latinoamericano, así, como en la Francia de Tocqueville, lo fue la adopción despótica de la idea republicana, deformada por el pensamiento de Rousseau y los Jacobinos.[9]

5 - Alineamiento de la política externa brasileña no con los intereses de la Nación expresados en el Congreso, sino con las conveniencias ideológicas del Partido de los Trabajadores. A partir de los dos gobiernos de Lula y continuando en el mandato de Dilma Roussef, la política externa brasileña pasó a seguir los dictámenes del Foro de São Paulo[10]. Así, el Brasil se convirtió en repetidor de las consignas socialistas del chavismo venezolano y del comunismo cubano. En el seno de esta política exterior alineada con el Foro de São Paulo, el Brasil se ha mostrado favorable a las FARC, ha atacado las políticas antiterroristas del gobierno colombiano y se ha revelado incondicional seguidor de la revolución chavista en las decisiones tomadas en el seno de UNASUR, inclusive legitimando aceleradamente el discutible triunfo electoral de Nicolás Maduro, como sucesor de Chávez, en Venezuela, al comienzo de 2013.

Estas decisiones, contrarias, de forma sistemática, a los Estados Unidos y favorables a todo lo que signifique combate al denominado “imperialismo norteamericano”, evidentemente no han tenido en cuenta que se ha adherido a otros tipos de dominación internacional, que favorecen a potencias de dudosa índole como el Irán y Corea del Norte. Este clima de inseguridad jurídica terminó perjudicando al MERCOSUL, que se ha convertido en un fantasma que aplica la política chavista para la América Latina, dejando de ser una asociación de libre comercio.

Por otra parte, el Brasil ha relegado a segundo plano los intereses de la industria y el comercio, al alinearse, por motivos ideológicos, con países que atacan a los productores brasileños. Esto sucedió, por ejemplo, con la política de nacionalizaciones de empresas explotadoras de petróleo y gas en Bolivia y con las aventureras alianzas comerciales con Chávez. Este mandatario simplemente dejó de dar la contribución pactada con el Brasil en la empresa bilateral creada por Lula, la Refinería Abreu e Lima en Recife. Los venezolanos, hasta ahora, después de más de cinco años de creada la empresa de refinación, no han aportado un único centavo, lo que ha producido una fuerte descapitalización de la Petrobrás. La mencionada política internacional, más ideológica que fundada en principios, ha derrumbado, de forma definitiva, la tradición de seriedad que había sido conquistada por la diplomacia brasileña a lo largo del siglo XX.

6 - Refuerzo definitivo al Patrimonialismo en la gestión del Estado. Con el lulopetismo, esta tendencia, heredada de la cultura ibérica, pasó a ser prevaleciente en la realidad brasileña. Ya lo había afirmado Antônio Paim en esclarecido análisis de la mentalidad petista, hecho en 2002.[11] El PT ha encarado el Estado como negocio particular, de carácter familiar. No es el Partido de los Trabajadores el que se debe amoldar a la realidad brasileña. Es el país el que debe ser puesto a servicio de los intereses del Partido. Todo es pensado en función de perpetuar la hegemonía petista. Lo público es tratado como negocio de familia. La amante oficial de Lula, Rosemary Noronha, transitaba tranquilamente de la alcoba presidencial instalada en el “Aerolula”, en los viajes internacionales, como persona que prestaba servicios particulares al jefe y como asesora que cuidaba de las millonarias transacciones financieras y de la agenda personal del mandatario,  amén de algunos trabajos de intermediación clientelista, para nombrar funcionarios del segundo escalón. Estos son datos de dominio público, ampliamente divulgados por la prensa.

Aún en el seno de esa tendencia patrimonialista, el gobierno, a través del “Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social” (BNDES) pasó a favorecer con generosos créditos a empresarios escogidos por la Presidencia de la República para ser elevados a las alturas de mega-emprendedores, confiándoles, entre otras cosas, las obras del “Programa de Aceleração do Crescimento” que, así como otras grandes iniciativas (transposición de las aguas del Rio San Francisco, ampliación de la red férrea en el Nordeste, etc.) se han caracterizado por la falta de transparencia y el desvío de dineros públicos.  

El Ejecutivo ha favorecido, también, con empréstitos blandos a gobiernos extranjeros, con el fin de desarrollar proyectos de ingeniería y prospección petrolífera que contraten a empresas brasileñas indicadas por el gobierno. Se han hecho, así, pesadas inversiones en Cuba, en Venezuela, en Angola, en el Ecuador, en Bolivia, en países centroamericanos, etc., sin que se haya explicado claramente a la opinión pública y al Congreso los beneficios que de ahí se derivarán para la economía brasileña. Se desarrollaron caros proyectos energéticos en Brasil en colaboración  con Venezuela, como es el caso de la refinería Abreu e Lima en Pernambuco al que ya se ha hecho referencia. Como en toda transacción entre amigos, el “do ut des” ha sido regla seguida fervorosamente por los que se han beneficiado con la generosidad oficial: conocida empresa de ingeniería, favorecida por el gobierno petista, paga los viajes de Lula a los países africanos, remunerándolo regiamente por sus conferencias.

7 - Empobrecimiento de los brasileños, regreso de la inflación y aumento incontrolado de la violencia. El sueño populista de los pueblos tiene un alto precio. El líder mesiánico se parece con aquellos arácnidos venenosos que paralizan a sus víctimas para sorberles la vida. Los países latinoamericanos pagan su precio hoy al mesianismo populista. Los argentinos se lo pagan al peronismo. Los venezolanos al chavismo. Los brasileños al lulopetismo.

El populismo de Lula lo llevó a subir al palco electorero del presidente boliviano Evo Morales; con él apareció Lula ostentando vistoso collar de hojas de coca. La señal había sido dada: Evo simplemente duplicó el área del cultivo de coca para el refinamiento de la cocaína que es distribuída en las ciudades brasileñas. El crack las  invadió, a lo largo de la última década. Hoy el Brasil tiene un perverso índice de drogadicción: el crack es consumido en 97 por ciento de los municipios del país. Son aproximadamente 1 millón y medio los viciados que deambulan por las ciudades cometiendo asaltos y asesinatos. Los índices de violencia han salido de control.  

El país, empobrecido, ve regresar la inflación y caer los índices de crecimiento. El desempleo aumenta y ya, en una perspectiva estadísticamente válida y no maquillada por la propaganda oficial, llega a índices ibéricos de más del 20 por ciento.[12] No se hicieron las obras de infraestructura que el país necesitaba, frente a compromisos internacionales asumidos como la Copa del Mundo de 2014 y las Olimpíadas de Rio de Janeiro de 2016. Las exportaciones de productos agrícolas sufren con esta falta de infraestructura. Se pierden compradores importantes de la soya brasileña, por ejemplo, debido al incumplimiento de plazos. Otros países latinoamericanos que cuidaron de su infraestructura, como el Paraguay con sus hidrovías, van avanzando sobre esos mercados.

El Brasil ha reducido su margen de seguridad en materia monetaria y de comercio externo. Hay, hoy en día, un hueco de 67 billones de dólares en las cuentas externas. Las inversiones del gobierno y del sector privado han caído de 19,5% (con relación al PIB, en 2010) para 18,1% (en 2012). La propaganda oficial no logra esconder la pérdida de capacidad de compra del ciudadano medio, atribulado por la carga tributaria más pesada del Planeta, que lo lleva a trabajar una media de cinco meses al año para pagar los impuestos cobrados por el fisco en las instancias municipal, estadual y federal.

Conclusión: Está la sociedad brasileña paralizada? Ciertamente no. Aquí y allí aparecen manifestaciones de descontento frente a ese estado de cosas. Las críticas se multiplican en todos los cuadrantes sociales, desde los intelectuales, pasando por políticos de la oposición, los militares y personas pertenecientes a los estratos populares. Las manifestaciones de inconformidad aparecen en la prensa, en las redes sociales y van ganando las clases menos favorecidas, en la medida en que la inflación les cobra a éstas, nuevamente, su pesado tributo, con el encarecimiento de la cesta básica. Manifestaciones de protesta se han dado en Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, y en otras grandes urbes.

Pero la propaganda oficial es intensa e intensas son también las tentativas de callar a la prensa libre. Logrará la sociedad brasileña hacerle frente al fantasma de la dictadura civil, como la que ha terminado por prevalecer en Venezuela y está a camino en Argentina? Todo depende de que las fuerzas contrarias al proyecto hegemónico petista se organicen efectivamente para combatir al PT en las urnas y evitar que se perpetúe una casta que, legitimada en las elecciones, terminará por inviabilizar la democracia con las propias formalidades de la vida democrática. Difícil tarea. El año de 2014 será crucial para la democracia en Brasil. Si las oposiciones consiguen organizarse con candidatos combativos y veraces, ciertamente se logrará ponerle coto al autoritarismo en ascenso. Antes que todo, en estos momentos, es necesario tener el coraje de hablar claro y de poner las cartas sobre la mesa, colocando al desnudo las propuestas hegemónicas del partido del gobierno. Esta será la primera etapa. La segunda será el compromiso de los brasileños que aman la libertad en una campaña contra la hegemonía petista y a favor de la alternancia en el poder. Es imprescindible, en estos momentos, defender al Poder Judicial de la tentativa petista de menoscabar su autoridad.

---

[1] Debido al perfil radical presentado por Lula en las campañas presidenciales de 1988, 1993 y 1997, el candidato petista fue macizamente derrotado por Fernando Collor de Melo (en 1988) y por Fernando Henrique Cardoso (en 1993 y 1997). El programa de gobierno de Lula se afinó, en esas oportunidades, con el modelo comunista cubano, en lo que constituye una prueba clara del atraso del pensamiento petista, que no fue capaz de evolucionar de acuerdo  con los nuevos tiempos, después de la derrocada del comunismo en el este europeo, a finales del siglo XX.

[2] Este modelo es arcaico y se remonta al ciclo pombalino que tuvo su auge en el siglo XVIII, con las reformas de la monarquía portuguesa hechas por el Marqués de Pombal. Según la ”aritmética política” que constituyó la versión de despotismo ilustrado puesta en marcha en Portugal, cabía al Estado empresario garantizar la riqueza de la nación y asegurar el orden político y moral de la sociedad. Cf. al respecto, PAIM, Antônio (organizador). Pombal na cultura brasileira. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro / Fundação Cultural Brasil-Portugal, 1982. Los marxistas adoptaron esta tesis, que constituye pieza central del clima de cientificismo que pasó a prevalecer, a lo largo del siglo XX, entre los intelectuales de izquierda en Brasil. Cf., en relación con este punto: PAIM, Antônio. Marxismo e descendencia. Campinas: Vide Editorial, 2009.

[3] Antônio Paim, en su obra titulada: A querela do estatismo (1ª. Edición, Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1978), ilustró de forma clara la figura del Estado empresario según el marqués de Pombal y cómo este modelo fue copiado por la cultura política brasileña. 

[4] Es sabido cómo el PT, antes de la elección de Lula, había desplegado, en algunas ciudades en las que el Partido de los Trabajadores había elegido prefectos, una agresiva política de cooptación de empresas municipales, a fin de desviar dineros para irrigar la caja del Partido. Esos dineros terminaron siendo embolsados por políticos corruptos del PT, lo que generó sangrienta lucha interna que terminó eliminando prefectos que querían sólo el desvío de dineros para el Partido, no para los particulares. En ese contexto fueron ejemplarmente asesinados los prefectos de dos importantes municipios del interior paulista: Celso Daniel, de São Bernardo do Campo, que ocupaba a la sazón el importante cargo de director de la campaña presidencial de Lula y “Toninho do PT”, de Campinas. Hasta ahora estos crímenes han quedado sin solución penal, debido a las enormes presiones políticas de la cúpula del PT  sobre los organismos policiales y la magistratura.

[5] Este mal parece ser  común a los marxistas latinoamericanos cuando deciden llegar al poder. Lo encontramos, por ejemplo, también  entre los dirigentes de las FARC. Desde finales del siglo XX éstas luchaban por la conquista del Estado a través de dos mecanismos: la lucha armada y la contienda electoral. Para elegir a sus candidatos, las FARC crearon el movimiento político denominado “Unión Patriótica”, que aparentemente se acogía a los marcos legales, mientras que los guerrilleros “corrían por fuera”, practicando el terrorismo para hacer rehén a la población civil.

[6] En el caso de la logística de comunicaciones, por ejemplo, el gobierno del PT ha optado por crear una megaempresa estatal, para subsanar le incapacidad burocrática de las entidades existentes. Nada de entrar decididamente por el camino de la privatización de este sector, lo cual sería la solución realista y eficaz.

[7] Muy diferente ha sido la forma en que, en algunos países, como Colombia, se adoptó la idea de la “bolsa escola” (que había sido puesta en marcha en Brasil por Fernando Henrique Cardoso). El gobierno de Uribe Vélez adoptó esta iniciativa, de una forma eficaz para sacar realmente de la pobreza a los beneficiados. En visita realizada por empresarios brasileños de la “Confederação Nacional do Comércio” a Bogotá, Medellín y Cartagena,  en Julio de  2007, tuve oportunidad de conocer de cerca la forma en que operaba el sistema de beneficios sociales, con un rígido mecanismo de control del ministerio correspondiente sobre los beneficiados. Cf., al respecto, de mi autoría: Da guerra à pacificação: a escolha colombiana. Campinas: Vide Editorial, 2010. Las declaraciones del Senador Jarbas Vasconcellos fueron dadas a la Revista Veja, publicada en São Paulo.

[8] En editorial titulado: “A vez dos bombeiros”, el importante diario O Estado de São Paulo (edición de 27 de Abril de 2013) afirmaba lo siguiente, destacando la gravedad del conflicto actual entre el Legislativo y la Magistratura, para obedecer a los intereses electorales del Ejecutivo:  “O ministro Dias Toffoli, por exemplo, numa ida à Câmara dos Deputados para participar de um grupo de trabalho, disse que quem quiser ver crise quer criar, porque crise não há. O que há, segundo as suas palavras emolientes, são os Poderes funcionando, a normalidade democrática e a democracia efervescente. Ele há de saber que os Poderes não estão imunes a praticar atos disfuncionais e que a efervescência democrática corre o risco de transbordar dos padrões da normalidade. Foi o que ocorreu, para dizer o mínimo, quando a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara, numa sessão de que participaram apenas 21 dos seus 68 membros, acolheu, em votação simbólica, um retaliatório projeto de emenda constitucional, de autoria petista, destinado a subordinar as decisões mais importantes do STF à aprovação do Congresso. E foi o que ocorreu também quando, horas depois, o ministro Gilmar Mendes concedeu a liminar requerida pelo líder do PSB no Senado, Rodrigo Rollemberg, para sustar a tramitação, a toque de caixa, do projeto que priva as novas legendas do tempo de TV e da parcela do Fundo Partidário proporcionais ao número de parlamentares que a elas adiram - o que a atual legislação, referendada pelo Supremo, admite. O ministro invocou, para a sua decisão, a extrema velocidade do andamento da proposta e a aparente tentativa casuística que lhe deu origem. Uma coisa e outra são verdadeiras. No limite, o que se busca com a proposta, a pretexto de inibir a proliferação de siglas, é abrir caminho para a reeleição da presidente Dilma Rousseff em primeiro turno. Daí a recusa dos governistas a aceitar que as novas regras só entrem em vigor em 2015. Assim como a pretendida tutela sobre o STF atenta contra a cláusula pétrea da Carta de 1988 que afirma a separação dos Poderes e dá ao Supremo a palavra final sobre a constitucionalidade das leis, o freio à tramitação do projeto sobre os partidos representa uma ingerência na atividade legislativa, ainda mais quando conduzida de acordo com as normas regimentais do Congresso. No meu tempo de Supremo, nunca vi nada igual, comentou o jurista Carlos Velloso, que foi ministro por 16 anos. Já diante da enormidade cometida pela CCJ, o mesmo Gilmar Mendes acusou o órgão de rasgar a Constituição. Se a iniciativa vingar, será melhor que se feche o Supremo, radicalizou. Com igual contundência, ao criticar a liminar do ministro, o presidente do Senado, Renan Calheiros, a equiparou a uma invasão e cobrou da Corte que reveja os seus excessos ao julgar o recurso que ficou de apresentar”.

[9] En el Brasil, el alerta contra esa empresa autoritaria que amenaza la libertad, fue dado especialmente por pensadores liberales de la talla de  Roque Spencer Maciel de Barros, Miguel Reale, Antônio Paim, José Osvaldo de Meira Penna, José Guilherme Merquior, Ubiratan Macedo, Og Leme,  Donald Stewart y Roberto Campos. En años recientes, el Instituto Liberal, especialmente en sus representaciones en Rio de Janeiro y Porto Alegre, ha puesto de manifiesto ese riesgo, en varias publicaciones periódicas  que son distribuídas en los medios empresarial y universitario. En la Francia de Tocqueville, este autor consignó su análisis crítico contra el atentado absolutista hacia la libertad, en su clásica obra titulada: L’Ancien Régime et la Révolution.

[10] Es sabido cómo el Foro de São Paulo fue organizado, en los años noventa del siglo pasado, por iniciativa de Fidel Castro y de Lula da Silva, a fin de darle vida extra al comunismo en la América Latina, después de la caída del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Al citado Foro adhirieron organizaciones guerrilleras como las FARC colombianas, entidades revolucionarias como la “Via Campesina” y el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra del Brasil y gobiernos izquierdistas como el de Chávez, en Venezuela y el de Daniel  Ortega, en Nicaragua.

[11] PAIM, Antônio. Para entender o PT. Londrina: Instituto Humanidades, 2002.

[12] El economista César Maia, miembro de la Câmara de Vereadores de Rio de Janeiro y exprefecto de la ciudad de Rio de Janeiro, considera que el Instituto Brasileiro de Economia e Estadística (IBGE) maquilla los datos del desempleo, estableciendo una confusión deliberada entre empleados precariamente y trabajadores formales. Em su más reciente informe publicado en la página web titulada: Exblog do César Maia (30 de abril de 2013) escribe lo siguiente: “Ou seja, os Desocupados e os Ocupados Precariamente que constituem a efetiva Taxa de Desemprego representam 5,7% + 20,1% = 25,7% da PEA.  Essa é a Taxa de Desemprego efetiva. Ibérica!” [http://emkt.frontcrm.com.br/display.php?M=4455858&C=afadd0a3868cb5a6975f1a60a6ec08e8&S=6609&L=514&N=2519].