ENSALADA TROPICAL

El presidente Lula acaba de lanzar la campaña para las elecciones presidenciales del año que viene. No puede hacerlo legalmente. Pero Lula es un populista que no le para muchas bolas a la legalidad de sus decisiones. Son ya innumerables los casos de actitudes y decretos presidenciales que ignoran la ley. Lula se apoya en el índice de 84% de aprobación popular, que lo mantiene en un eterno comicio. Aunque tengo mis dudas acerca de la objetividad de estos números (debido a la clara manipulación de datos estadísticos por parte del gobierno, tanto en Institutos oficiales que hasta el comienzo de la era Lula eran confiables, como el IPEA, cuanto por parte de los órganos de telecomunicación, que fueron mexicanizados, o sea, sometidos a la espada de Democles de generosos empréstitos oficiales para subvencionar sus deudas, con intereses bajos).

Aceptando que sea verdadero, ese índice se explicaría gracias a las políticas de distribución de recursos directos, por parte de la Presidencia, a la población más carente. Se trata de una especie de “beca-familia”, que les da ayuda pecuniaria a las personas, la mayor parte de las veces sin controlar la efectividad de esa ayuda, lo que la ha convertido en una medida puramente asistencialista. Las familias inscritas reciben un valor mensual que oscila entre 60 y 120 reales (26 a 52 dólares), con un complemento de aproximadamente 30 reales (13 dólares) por cada hijo menor de 18 años. Evidentemente que la popularidad de Lula se alimenta también con la política financiera del gobierno, que hasta ahora ha transformado a los banqueros en los reyes de la economía, con lucros exorbitantes, provenientes de las tasas de interés más altas del mundo. Con esas tasas el gobierno financia su gasto público, que se ha salido de madre en la administración petista. Lula creó diez ministerios más, pasando de 25 para 35, a fin de darle guarida a sus compañeros de Partido. Clientelismo puro. No se sabe cómo el gobierno va a continuar con este festival de gastos, frente a la crisis internacional que ya ha golpeado a las puertas del Brasil, produciendo innumerables despidos en las fábricas y en el comercio. El presidente dijo, en días pasados, que cortaría otros gastos, pero no los relativos a los programas sociales.

Recientemente, Lula tomó dos decisiones, cuestionables jurídicamente, pero que le abrirán el paso a su candidata, la ex-guerrillera Dilma Youssef, ministra de la Casa Civil, el cargo más cercano al presidente. Primera decisión: invitó a Brasilia a los 5.500 prefectos (alcaldes) del país. Sólo pudieron hacerse presentes 3.500 (con sus respectivas comitivas), pero la fiesta les salió cara a los contribuyentes: 5 millones de reales (equivalentes a 2 millones 173 mil dólares). Lula los recibió en un gimnasio, en donde, además de pronunciar emocionado discurso quejándose de la prensa escrita, el exlíder metalúrgico dijo que puede perder la compostura pero no la dignidad (contorsión política difícil de realizar). Lula les anunció a los prefectos que les quedaban dilatadas las deudas actuales con la Unión, pudiendo pagarlas en 20 años. O sea, el actual presidente legisla para los gobiernos futuros, que van a tener que aguantar el peso de su decisión populista, que simplemente premia a todos aquéllos que hayan echado por tierra la Ley de Responsabilidad Fiscal, que les impide a los mandatarios municipales que gastaron más de lo que tenían en caja, recibir financiamentos federales. Segunda decisión: un decreto presidencial torna legales las emisoras piratas. Es evidente que el mandatario busca, con ésto, ganarse el apoyo de comunidades carentes, en morros y favelas de este inmenso país. Pero los directamente beneficiados serán, sin duda alguna, los narcotraficantes, que son los que generalmente financian estas radios y que deben estar frotándose las manos de alegría. Serán beneficiadas también las funerarias, pues las radios piratas van a hacer aumentar los accidentes de aviación.

Las soluciones populistas les cuestan caro a las Naciones. En Colombia, todos sabemos cómo el país sufrió las consecuencias de las políticas populistas de las décadas de 70 y 80 del siglo pasado, que sólo produjeron el efecto nocivo de abrirles camino a los narcotraficantes y a los guerrilleros, para que penetraran definitivamente en la política nacional. En Brasil, los electores se han olvidado ya de cómo le salió cara a la ciudad de Rio de Janeiro la política populista de Leonel Brizola, en los años 80, cuando él se eligió dos veces gobernador del Estado, con un demagógico programa que el lider populista denominaba “socialismo moreno” y que bien podría haberse bautizado como “bandidaje moreno”. Para ganarse el apoyo de los habitantes de las favelas, Brizola les concedió a éstas el beneficio de ser territorios libres de la presencia policial. Consecuencia: Brizola transformó los morros cariocas en santuarios del crimen organizado, en los que se tornaron fuertes verdaderos ejércitos de criminales (Comando Vermelho, Segundo Comando da Capital, Amigos dos Amigos), que cuentan hoy con mayor poder de fuego que la policía y que reúnen una fuerza armada calculada en más de siete mil hombres. Ni hablar de los índices de violencia que la narcoguerrilla urbana ha producido en Rio y que se han extendido a otras ciudades del Brasil, siendo São Paulo, hoy en día, rehén de las bandas de asesinos, organizadas con el apoyo del narcotráfico carioca.

Una perla para terminar esta ensalada tropical: terminó ayer en Rio la reunión de expresidentes e intelectuales latinoamericanos que discuten las políticas que deberían ser desarrolladas, a nivel continental, para hacer frente al problema del narcotráfico. La reunión era para ser realizada en Ciudad de México que, por las duras circunstancias impuestas por los narcoterroristas, dejó de ser sede del conclave de exmandatarios. Ellos se reunieron en Rio de Janeiro, que tampoco es una maravilla de seguridad pero que, al parecer, está mejor en ese iten que la capital mexicana. Me pareció muy equilibrada la posición del exalcalde de Bogotá, Antanas Mockus, que dijo que las políticas antidrogas no deberían ser apenas represivas, sino también educativas. La represión pura ha fallado. Es necesario hacer fuerte inversión en educación y en cultura, a fin de que la sociedad civil compre la idea de que la droga es mala y, así, desestimular el consumo de la misma por parte de las nuevas generaciones. Ciertamente Bogotá y Medellín tendrían en este particular mucho para enseñarle a las otras ciudades del Continente latinoamericano, en materia de políticas educativas para erradicar la violencia.